"Los recientes informes sobre el estado de la biodiversidad del IPBES y
sobre el calentamiento global de 1,5 oC del IPCC, que alertan de un
rumbo que Lleva al deterioro de un gran número de ecosistemas, tanto
terrestres como marinos, así como a la extinción de 1 millón de especies
que se encuentran gravemente amenazadas por la actividad humana.
También se está al borde de un punto de no retorno frente al cambio
climático.
Una crisis climática que es onsecuencia de un modelo de producción y consumo
que ha demostrado ser inapropiado para satisfacer las necesidades de
muchas personas, que pone en riesgo nuestra supervivencia e impacta de
manera injusta especialmente a las poblaciones más pobres y vulnerables
del mundo. No responder con suficiente rapidez y contundencia a la
emergencia ecológica y civilizatoria supondría la muerte de millones de
personas, además de la extinción irreemplazable de especies
imprescindibles para la vida en la Tierra, dadas las complejas
interrelaciones ecosistémicas.
La contundencia de los datos que señala como las regiones mediterráneas son de
las más vulnerables al cambio climático, de forma que no limitar la
temperatura global en 1,5 oC será una factura demasiado cara para las
generaciones presentes y futuras. La responsabilidad de las
instituciones europeas y el Gobierno español, así como los gobiernos de las
distintas comunidades autónomas y ayuntamientos coordinados con todos los
grupos políticos, es estar a la altura de las necesidades que exige el
momento.
Las organizaciones firmantes piden que en la nueva etapa política se declare,
de manera inmediata, la emergencia climática y se tomen las medidas
concretas necesarias para reducir rápidamente a cero neto las emisiones de
gases de efecto invernadero, en línea con lo establecido por la ciencia
y bajo criterios de justicia climática. Evitar que la temperatura global
se eleve por encima de 1,5 °C debe ser una prioridad de la humanidad. Es
necesario reducir con carácter urgente las emisiones de CO2eq
(equivalente de carbono), reajustando la huella ecológica a la biocapacidad del
planeta.
Lograr estos objetivos requiere necesariamente de:
Verdad. Asumir la urgencia de la situación actual admitiendo el
diagnóstico, indicaciones y sendas de reducción reflejadas en el último
informe sobre 1,5 oC avalado por la comunidad científica. Reconocer la brecha
de carbono existente entre los compromisos españoles y las indicaciones
científicas. Los medios de comunicación tienen un papel fundamental
para transmitir esa realidad.
Compromiso. Declarar la emergencia climática a través de asumir
compromisos políticos reales y vinculantes, mucho más ambiciosos que los
actuales, con la consiguiente asignación de recursos para hacer frente a esta
crisis. Garantizar reducciones de gases de efecto invernadero en línea
con el Informe del IPCC para no superar un aumento de temperatura global
de 1,5oC, que establece una senda de reducción de emisiones global entre el
40 al 60% para 2030 respecto a 2010. Además, es imprescindible detener
la pérdida de la biodiversidad para evitar un colapso de todos los sistemas
naturales, incluido el humano.
Acción. Abandonar los combustibles fósiles, apostar por una
energía 100 % renovable y reducir de manera urgente y prioritaria a cero
las emisiones netas de carbono lo antes posible. Demandamos que los gobiernos
analicen cómo lograr este objetivo y propongan los planes de actuación
necesarios: frenen nuevas infraestructuras fósiles
(centrales, exploraciones, grandes puertos, etc).; reducción de los
niveles de consumo de materiales, energía y de las necesidades
de movilidad; cambio de modelo energético sin falsas soluciones como la
energía nuclear; reorganización del sistema de producción; educación,
además de otras medidas contundentes. Todo esto debe quedar reflejado en la
Ley de Cambio Climático y Transición energética y en el Plan Nacional
Integrado de Clima y Energía.
Solidaridad. El deterioro ambiental de las condiciones de vida se
sufre de forma desigual en función de la clase social, el sexo, la
procedencia, o las capacidades. Defendemos que la transición ha de enfrentar
estas jerarquías y defender y reconocer de forma especial a la población
más vulnerable.
La degradación planetaria y la creciente desigualdad tienen un origen
común y se alimentan entre ellas. Así, por ejemplo, muchas grandes
empresas y bancos obtienen enormes beneficios a través de la especulación
inmobiliaria, el desahucio, la gentrificación o la turistificación que
expulsa a las familias de sus casas, a los vecinos de sus barrios. Aunque
cada vez hay más inversiones en tecnologías para la transición
energética, sigue habiendo muchos fondos que sostienen y financian a las
grandes empresas del oligopolio energético en su explotación del planeta, y
cuyo resultado es el incremento de la pobreza, incluida la energética.
Los colectivos más desfavorecidos no pueden empeorar su situación, por lo que
la transición se tiene que realizar con justicia social. En el caso de
los territorios y trabajadores y trabajadoras afectados es preciso adoptar
medidas para asegurar empleos alternativos en sectores sostenibles,
afrontar la crisis energética, reducción de la jornada laboral, un mejor
reparto del empleo y el desarrollo de otros mecanismos en torno a la
Transición Justa que deben lograr que no se deje a nadie atrás.
Democracia. La justicia y la democracia deben ser pilares
fundamentales de todas las medidas que se apliquen, por lo que han de
crearse los mecanismos adecuados de participación y control por parte de la
ciudadanía para abordar las cuestiones sociales difíciles y para formar
parte activa de la solución mediante la democratización de los
sistemas energéticos, alimentarios, de transporte, etc. En estos
procesos se debe garantizar la igualdad de género en la toma
de decisiones.
Realizar un giro de 180 grados en las políticas comerciales internacionales,
acabando con la firma de tratados de comercio e inversión que ahondan la
problemática del aumento de gases de efecto invernadero vía incremento del
transporte
marítimo interoceánico, así como de la aviación civil, que dificultan la
lucha contra el cambio climático a través de las cláusulas de protección
de inversiones (ISDS). Las medidas de mercado no pueden sustituir la adecuada
planificación de la transición ecológica.
Los países empobrecidos son los menos responsables de la degradación
planetaria. Sin embargo, son a su vez los países más vulnerables a las
consecuencias de esta ruptura de los límites. Los países más enriquecidos son
quienes acumulan una mayor deuda ambiental, por ello y atendiendo a los
criterios de justicia climática, deberán ser países como los europeos
los que deban adquirir unos compromisos mayores. Se hace necesario revertir
el hecho de que el 20 % de la población mundial absorbe el 80 % de los
recursos naturales.
En defensa del futuro, de un planeta vivo y de un mundo justo, las personas y
colectivos firmantes nos sumamos a la convocatoria internacional de
Huelga mundial por el clima, una movilización que será, huelga estudiantil,
huelga de consumo, movilizaciones en los centros de trabajo y en las
calles, cierres en apoyo de la lucha climática,... e invitamos a la
ciudadanía y al resto de actores sociales, ambientales y sindicales a
secundar esta convocatoria y a sumarse a las distintas movilizaciones
que sucederán el 27 de septiembre."
|
